Por Juan Cruz Osambela.<\/p>\n\n\n\n
I<\/p>\n\n\n\n
De modo introductorio creo estrictamente necesario a los fines del presente\nensayo, hacer una breve referencia hist\u00f3rica al procedimiento legal previsto\npara las contingencias sufridas en ocasi\u00f3n de trabajo por los trabajadores en\nel derecho Argentino, a los fines de poder arribar a la instauraci\u00f3n de las\ncomisiones medicas con el advenimiento de la LRT y la contempor\u00e1nea ley\ncomplementaria 27.348 que viene a \u201cperfeccionar\u201d; seg\u00fan mi criterio -la\npropuesta original de la ley 24.557.<\/p>\n\n\n\n
II<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa actividad\nque desarrolla el hombre a trav\u00e9s del trabajo siempre est\u00e1 sujeta a riesgo. Sea\nsu trabajo realizado en forma manual o ayudado por maquinarias, o bien\nefectuando tareas intelectuales, el hombre -compuesto psicof\u00edsico-<\/em> padece riesgos que podr\u00edan minar su salud\u201d[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n Entre los a\u00f1os 1.800 y 1.900 nuestro pa\u00eds, producto del fomento de la\ninmigraci\u00f3n y bajo los efectos de la revoluci\u00f3n industrial como fen\u00f3meno\nmundial (1.760 \u2013 1.840) comenz\u00f3 a experimentar el proceso de conformaci\u00f3n de\nuna clase trabajadora, obrera <\/em>dedicada\na la producci\u00f3n de manufacturas de origen industrial, la cual se asent\u00f3 en los\nprincipales centros urbanos del pa\u00eds, como lo son La Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos\nAires, el conurbano Bonaerense, C\u00f3rdoba, Rosario y Mendoza.<\/p>\n\n\n\n Fueron los primeros sindicatos socialistas y las expresiones anarquistas, quienes\ncomenzaron a desarrollar el fen\u00f3meno huelguista en el pa\u00eds, frente a los abusos\nsufridos por esta nueva clase. Necesariamente, hubo intentos de reglamentar los\ndistintos riesgos a los que estaban expuesto los trabajadores, el cual eran\nsolo uno de los ejes de los constantes reclamos que se suscitaban. Convergen estos,\nen la sanci\u00f3n en 1915, de la ley 9.688, la primera ley de accidentes de\ntrabajo.<\/p>\n\n\n\n Su din\u00e1mica se basaba en la teor\u00eda del riesgo objetivo industrial, buscando\nproteger a quienes prestaban tareas en \u201cindustrias peligrosas\u201d las cuales eran\nas\u00ed denominadas por el poder ejecutivo por v\u00eda reglamentaria.<\/p>\n\n\n\n Esta ley originalmente creaba una indemnizaci\u00f3n tarifada, permit\u00eda al\nindustrial contratar un seguro, creaba una caja de accidentes para casos donde\nel empleador era insolvente y algo muy importante era que permit\u00eda al trabajador\ndemandar por \u201cacci\u00f3n especial\u201d para obtener la indemnizaci\u00f3n tarifada, u\nobtener una \u201creparaci\u00f3n integral\u201d debiendo probar la responsabilidad del\nempleador, debiendo el trabajador optar por un sistema u otro.<\/p>\n\n\n\n Esta ley tuvo al menos 27 modificaciones, hasta que en 1.991 fue derogada\npor la ley 24.028, la cual tuvo un breve \u201creinado\u201d hasta la aparici\u00f3n de la ley\n24.557, promulgada al 3\/10\/1995.<\/p>\n\n\n\n III <\/p>\n\n\n\n La LRT, brinda soluci\u00f3n a dos cuestiones centrales, como las llama la ley \u2013contingencias<\/em>. En primer lugar \u201clos accidentes de trabajo\u201d a\nlos cuales denomina como \u201ctodo acontecimiento s\u00fabito y violento ocurrido por el\nhecho o en ocasi\u00f3n del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del\ntrabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere\ninterrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo\u2026\u201d y por otro lado las enfermedades\nprofesionales que son aquellas que se encuentren incluidas dentro de los\nlistados elaborados por el poder ejecutivos, o las que no lo est\u00e9n pero -en\ncada caso concreto, la Comisi\u00f3n M\u00e9dica Central determine como provocadas por\ncausa directa e inmediata de la ejecuci\u00f3n del trabajo, excluyendo la influencia\nde los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo\u2026 tal cual reza el\ninc. 2 b de la ley.<\/p>\n\n\n\n Su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n es amplio, incluye a los funcionarios y empleados\ndel sector p\u00fablico nacional, de las provincias y sus municipios y de la\nMunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los trabajadores en relaci\u00f3n de\ndependencia del sector privado, a las personas obligadas a prestar un servicio\nde carga p\u00fablica, adem\u00e1s el articulo 2 indica que el Poder Ejecutivo nacional podr\u00e1 incluir en el\n\u00e1mbito de la LRT a los trabajadores dom\u00e9sticos, los trabajadores aut\u00f3nomos, los\ntrabajadores vinculados por relaciones no laborales y por ultimo a los bomberos\nvoluntarios.<\/p>\n\n\n\n En su art\u00edculo tercero, obliga al empleador a asegurarse, o auto asegurarse\ncumpliendo distintos requisitos, de una u otra manera, busca garantizar la\nsolvencia y el resarcimiento del lesionado u enfermo.<\/p>\n\n\n\n Voy a detenerme aqu\u00ed, porque no es el objeto de este trabajo hacer una\ndescripci\u00f3n de los postulados de dicha ley. <\/p>\n\n\n\n Haciendo un breve racconto<\/em>,\npodemos decir que durante mucho tiempo la ley 9.688 instauro un r\u00e9gimen donde\nel trabajador deb\u00eda optar por un reclamo \u201cespecial\u201d\no por \u201caccionar por la v\u00eda civil\u201d <\/strong>y aqu\u00ed me detengo, porque esto es una\ncuesti\u00f3n no menor, ya que toda la historia de nuestro sistemas de riesgos de\ntrabajo, oscila entre una compulsa de intereses, por un lado los trabajadores y\npor el otro los empleadores y\/o aseguradores.<\/p>\n\n\n\n Y esta compulsa siempre se represent\u00f3 en los hechos distintas fases, donde\ncuando uno de esos intereses interfiri\u00f3 en una de las v\u00edas de reclamo, en\ngeneral en la \u201cacci\u00f3n especial\u201d;<\/em> el\notro inter\u00e9s contrapuesto encontr\u00f3 en la v\u00eda\ncivil<\/em> la v\u00e1lvula de escape que equilibre el sistema.<\/p>\n\n\n\n Y producto de esa puja es el sistema que hoy tenemos y el cual en su parte\n\u201cadministrativa\u201d es el objeto de este an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n IV<\/p>\n\n\n\n Incursionando en el tema que nos ata\u00f1e, a partir del art\u00edculo 21, la ley\n24.557 regula las comisiones m\u00e9dicas. Punto conflictivo de la ley y objeto de\ninnumerables planteos de inconstitucionalidad. Lo que busca el legislador con\nestas comisiones es crear un \u00f3rgano dependiente del poder ejecutivo, que se\nencargue de determinar; si el accidente es de naturaleza laboral o no lo es, el\ngrado de incapacidad subyacente en el trabajador y las prestaciones en especie\na otorgar. En su punto dos, el articulo tiene uno de los pasajes m\u00e1s\nimportantes en cuanto a las posteriores repercusiones ya que dice el mismo\n\u201cestas comisiones podr\u00e1n, asimismo, revisar el tipo, car\u00e1cter y grado de la\nincapacidad, y \u2014en las materias de su competencia\u2014 resolver cualquier\ndiscrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus\nderechohabientes\u2026\u201d[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n No creo que sea estrictamente necesario desarrollar aqu\u00ed todo el desarrollo\njurisprudencial que suscito la creaci\u00f3n de las comisiones medicas como un\n\u00f3rgano que pueda dirimir un conflicto suscitado por un accidente de trabajo u\nenfermedad profesional. El principal \u201c\u00c1ngel Estrada y C\u00eda. S.A. c\/ Secretar\u00eda\nde Energ\u00eda y Puertos\u201d el cual abordaremos m\u00e1s adelante. Vale igualmente hacer\nuna breve referencia a la triada \u201cCastillo[3]<\/strong><\/a>,\nVenialgo[4]<\/strong><\/a>\ny Marchetti[5]<\/strong><\/a>\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n En \u201cVenialgo\u201d la Corte interpret\u00f3 \nque las Comisiones Medicas son \u00f3rganos administrativos de car\u00e1cter federal, circunstancia que las\ninhabilita para actuar en materia de accidentes de trabajo, por las mismas\nconsideraciones que antes en \u201cCastillo\u201d hab\u00eda desestimado la intervenci\u00f3n de la\nJusticia Federal en apelaci\u00f3n de las\ndecisiones de las Comisiones Medicas en el \u00e1mbito de las Provincias. De tal\nmodo que en cualquier supuesto, haya o no intervenido con car\u00e1cter previo la\nComisi\u00f3n M\u00e9dica, existe aptitud jurisdiccional por parte de la Justicia del\nTrabajo, tanto en el orden Provincial\ncomo Nacional. En otras palabras el\ncuestionamiento constitucional del art\u00edculo 46,1 de la LRT declarado en Castillo es tambi\u00e9n extendido al\nart\u00edculo 21 de la LRT. Soluci\u00f3n similar se dio en \u201cMarchetti\u201d donde el trabajador hab\u00eda formulado su\nreclamo ante la Comisi\u00f3n Medica local, y ante su rechazo hab\u00eda recurrido ante\nla Justicia Nacional del Trabajo \nplanteando la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 21 y 46 de la LRT y\nel pago de las prestaciones dinerarias de la LRT.<\/p>\n\n\n\n Que es lo que podemos concluir al citar estos fallos, que como hemos hecho\nreferencia, toda la historia de nuestro sistemas de riesgos ha sido de compulsa\ny porque no, siempre ha respondido dicho\nchoque de fuerzas de manera acorde a la teor\u00edas f\u00edsica de \u201cacci\u00f3n\u201d y\n\u201creacci\u00f3n\u201d; quiero decir que siempre que se introdujeron cambios, ese\nmovimiento provoco uno en contra. Pero faltaba hasta aqu\u00ed nombrar el tercer\nactor en esta historia, puesto que si bien tenemos a los trabajadores y sus\nrepresentantes y a los empleadores, sus representantes y aseguradoras,\nenfrentados, en el juego de intereses tambi\u00e9n no ha sido menor la participaci\u00f3n\ndel poder ejecutivo y legislativo los cuales han actuado al ser interpelados\npor cada una de esas acciones y reacciones, mediante leyes u actos\nadministrativos. \u00bfPero me refiero a ellos cuando hablo del tercer factor en\neste sistema?<\/p>\n\n\n\n No, cuando me refiero al tercer factor, lo hago en relaci\u00f3n al poder\njudicial, el cual conserva en \u00faltima ratio, el contralor del funcionamiento de\ndicho sistema.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de las distintas instancias judiciales, se ha intentado equilibrar\nlos desajustes sufridos en el sistema, entonces hist\u00f3ricamente, ante la ley\n24.557, fueron los distintos y sucesivos fallos quienes fueron \u201csupliendo\u201d las\ncarencias legislativas y depurando el sistema, tambi\u00e9n lo fue ante la ley\n26.773 y definitivamente tambi\u00e9n lo ser\u00e1 ante la 27.348.<\/p>\n\n\n\n Pero no es el objetivo del presente trabajo hacer futurolog\u00eda ni realizar\nun control \u201cex ante\u201d del decisorio de la Corte Suprema de Justicia de La\nNaci\u00f3n, cuando estamos a la expectativa de su pronunciaci\u00f3n en autos \u201cPogonza, Jonathan Jes\u00fas el Galeno ART S.A.\nsi accidente-ley especial\u201d <\/em>con tan solo el dictamen del fiscal general, es\nque es menester analizar solo el presente de nuestro sistema y es de all\u00ed que\nsurge este ensayo-propuesta que busca mejorar lo que hoy en definitiva\n\u201cposeemos\u201d.<\/p>\n\n\n\n V<\/p>\n\n\n\n Simplificando \u201c\u00c1ngel Estrada\u201d <\/em>podemos\ndecir que en dicho fallo la CSJN estableci\u00f3 ciertos requisitos para que un\n\u00f3rgano administrativo sea considerado constitucionalmente apto con el\nconsecuente reconocimiento de facultades jurisdiccionales en aquel ente\nadministrativo.<\/p>\n\n\n\n En primer lugar, que los organismos de la administraci\u00f3n dotados de\njurisdicci\u00f3n para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por\nley.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar que su independencia e imparcialidad est\u00e9n aseguradas.<\/p>\n\n\n\n Que su objetivo econ\u00f3mico y pol\u00edtico tenido en cuenta por el legislador para\ncrearlos haya sido razonable.<\/p>\n\n\n\n Y por \u00faltimo y en cuarto orden que sus decisiones est\u00e9n sujetas a control\njudicial amplio y suficiente.<\/p>\n\n\n\n VI<\/p>\n\n\n\n Volviendo a ley 27.348, entiendo que la misma no tiene otro objetivo que\nsuplir las carencias expuestas por el resultado final en la pr\u00e1ctica del\nr\u00e9gimen instaurado por la LRT y lo percibimos si entendemos sus principales\nart\u00edculos como una respuesta literal a lo exigido por la Corte Suprema en el\nfallo \u201c\u00c1ngel Estrada\u201d Siendo tan as\u00ed, que con su simple sanci\u00f3n ya de\ncumplimiento al primer requisito esbozado por la corte.<\/p>\n\n\n\n \u00bfA que me refiero con esto? Que viene a completar todos aquellos puntos\ncuestionados judicialmente, entre ellos y el cual aqu\u00ed nos ata\u00f1e (y a lo que solamente se abordara) las\ncomisiones m\u00e9dicas.<\/p>\n\n\n\n A grosso modo <\/em>podemos decir que\nprevio a la sanci\u00f3n del decreto 54 de 2017 (y vale destacar la torpeza de\nimplementar un decreto que atentaba con la soluci\u00f3n que quer\u00edan implementar) y\nposteriormente de la ley, las comisiones medicas si bien interven\u00edan en el\nproceso, la v\u00eda judicial se encontraba expedita con el planteo de las\ninconstitucionalidades pertinentes, haciendo que el paso por ellas, sea\noptativo y a los fines porque no, de\npercibir un adelanto de la futura indemnizaci\u00f3n total. <\/em>Digo esto porque era\nmuy com\u00fan que se acudiera directamente a la justicia o de manera previa se\nrealice el transcurso por dichas comisiones y se perciba el pago de la\nincapacidad otorgada por las mismas, reclamando de manera posterior las\ndiferencias por la v\u00eda judicial. <\/p>\n\n\n\n Consecuencia l\u00f3gica de ello, es el art\u00edculo primero de la ley el cual reza:\n\u201cDisp\u00f3nese que la actuaci\u00f3n de las\ncomisiones m\u00e9dicas jurisdiccionales creadas por el art\u00edculo 51 de la ley 24.241\ny sus modificatorias, constituir\u00e1 la\ninstancia administrativa previa, de car\u00e1cter obligatorio y excluyente de toda\notra intervenci\u00f3n<\/strong>, para que el trabajador afectado, contando con el\ndebido patrocinio letrado, solicite la determinaci\u00f3n del car\u00e1cter profesional\nde su enfermedad o contingencia, la determinaci\u00f3n de su incapacidad y las\ncorrespondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del\nTrabajo\u2026\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Como podemos ver, se ataca a la primera falencia; que era tener la v\u00eda\njudicial expedita. Ahora, debemos transcurrirlas obligatoriamente (aunque\nprimigeniamente hubo fallos declarando la inconstitucionalidad del art\u00edculo\nprimero, luego fue cediendo esta postura[6]<\/a> y\nrevirti\u00e9ndose el criterio).<\/p>\n\n\n\n \u201cUna vez agotada la instancia prevista en el\nart\u00edculo precedente las partes podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n ante\nla Comisi\u00f3n M\u00e9dica Central.<\/em><\/p>\n\n\n\n El trabajador tendr\u00e1 opci\u00f3n de interponer\nrecurso contra lo dispuesto por la comisi\u00f3n m\u00e9dica jurisdiccional ante la\njusticia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicci\u00f3n provincial o de la\nCiudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, seg\u00fan corresponda al domicilio de la comisi\u00f3n\nm\u00e9dica que intervino.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n\nde la Comisi\u00f3n M\u00e9dica Central ser\u00e1 susceptible de recurso directo, por\ncualquiera de las partes, el que deber\u00e1 ser interpuesto ante los tribunales de\nalzada con competencia laboral o, de no existir \u00e9stos, ante los tribunales de\ninstancia \u00fanica con igual competencia, correspondientes a la jurisdicci\u00f3n del\ndomicilio de la comisi\u00f3n m\u00e9dica jurisdiccional que intervino…\u201d <\/em><\/p>\n\n\n\n Ya en este segundo art\u00edculo, se da respuesta al cuarto requisito, que no es\nm\u00e1s ni menos que el control judicial suficiente a las resoluciones del\norganismo administrativo.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al segundo y el tercero, la respuesta se da con el patrocinio\nletrado obligatorio cuyo costo est\u00e1 a cargo de la aseguradora, y en cuanto a\nlos fines econ\u00f3micos y pol\u00edticos, se dan con la frase ya casi \u201cgen\u00e9rica y\ndifusa\u201d de \u201cdisminuir la litigiosidad del sistema\u201d (por la cual nadie explica\nporque) y la necesidad de previsibilidad econ\u00f3mica tanto para las prestaciones\nque deba percibir el trabajador como para la sustentabilidad del sistema.<\/p>\n\n\n\n Por ultimo con la homologaci\u00f3n del acuerdo y el car\u00e1cter de cosa juzgada\nadministrativa, se cierra aquella posibilidad de reclamar las diferencias en\nsede judicial, con fundamento entre otros en \u201cLLosco\u201d[7]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n Sobre estos ejes, el fiscal general de estado, en autos \u201cPogonza\u201d <\/em>los encuentra cumplidos con la\nley 27.348 y decretos complementarios y avanza sobre la constitucionalidad del\nprocedimiento.<\/p>\n\n\n\n VII<\/p>\n\n\n\n Y es as\u00ed, que llegamos al tan pol\u00e9mico y no menos controvertido sistema\nactual, con un paso por el organismo dependiente de la SRT, llamado \u201ccomisiones\nm\u00e9dicas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Nuevamente toca aclarar que no es el objetivo del presente escrito, hacer\nun mero detalle del procedimiento el cual est\u00e1 bastante claro en la ley y sus\ndecretos en especial el 298\/17 sino hacer un an\u00e1lisis y por qu\u00e9 no critica del\nmismo, siendo que est\u00e1 vigente y es obligatorio.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n debo excluir del mismo, cualquier an\u00e1lisis sobre la v\u00eda judicial\nposterior puesto que excede el objeto propuesto.<\/p>\n\n\n\n Es por ello que debo plantear ciertos interrogantes sobre los cuales\nintentare reflexionar para llegar a ciertas conclusiones con miras de una\npropuesta superadora a lo que actualmente nos ofrecen dichas comisiones.<\/p>\n\n\n\n Es que siendo intelectualmente honesto, entiendo que las mismas \u201cbien\nempleadas\u201d pueden ser una soluci\u00f3n expedita a los conflictos propios de la\nmateria.<\/p>\n\n\n\n Pero al hablar de un buen empleo de las mismas, lamentablemente infiero un\njuicio de valor negativo que poseo sobre las mismas, y este ni m\u00e1s ni menos,\ndice \u201cque las comisiones m\u00e9dicas, no respetan el esp\u00edritu del plexo normativo\nlaboral y sus principios basales; el\nequilibrar la desigualdad intr\u00ednseca del trabajador y el empleador\/asegurador. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Me detengo para volver a remarcar que hay dos formas de cambiar la realidad\nde este sistema, neg\u00e1ndolo <\/em>por lo\ncual deber\u00eda acudir al planteo de las inconstitucionalidades en el \u00e1mbito\njudicial; y por el otro; propiciando peque\u00f1os cambios dentro del sistema para\nlograr un mejor resultado final del mismo.<\/p>\n\n\n\n Y este es el andarivel por el cual pretendo transitar.<\/p>\n\n\n\n \u00bfPero de qu\u00e9 forma se presenta esa desigualdad en las comisiones medicas?\n\u00bfDe qu\u00e9 forma pueden evitarse? \u00bfQu\u00e9 propuestas pueden perfeccionar el sistema?\nEstos son a mi criterio los cuestionamientos que debemos plantearnos para\nlograr en el corto plazo mejores resultados para los trabajadores, quienes son\nni m\u00e1s ni menos por quienes abogamos.<\/em><\/p>\n\n\n\n VIII<\/p>\n\n\n\n Durante el tr\u00e1nsito por el procedimiento previsto por la ley y la\nresoluci\u00f3n 298\/17 y sus complementarias, nos encontramos con un sistema que\nseg\u00fan mi criterio funciona, con algunas salvedades.<\/p>\n\n\n\n El inicio del tr\u00e1mite de las distintas contingencias, reviste de un\ndemasiado estricto formalismo que redunda en tornar dificultoso el acceso al\nprocedimiento al trabajador. Un ejemplo claro es si estamos en el caso de una\nenfermedad profesional no listada, donde el trabajador debe poseer un informe m\u00e9dico\nobligatorio (seg\u00fan el criterio de cada comisi\u00f3n jurisdiccional) el cual por el\nformato exigido del mismo y el car\u00e1cter de legista del m\u00e9dico que lo emite\nsupone cargar con el costo al trabajador.<\/p>\n\n\n\n Encontramos:<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por rechazo de la contingencia denunciada.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por rechazo de enfermedades no listadas.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite ante la divergencia en la determinaci\u00f3n de la incapacidad.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite ante el silencio de la ART.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por divergencia en el alta m\u00e9dica.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por divergencia en las prestaciones.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por reingreso al tratamiento.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Tr\u00e1mite por divergencia en la transitoriedad.<\/p>\n\n\n\n En la etapa inicial del proceso, encontramos un sistema estructurado que\nrequiere un avanzado grado de conocimientos de las resoluciones del organismo,\npero que no presenta grandes dificultades, salvo como dijimos, algunas\ndificultades para el acceso al mismo. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es el momento del proceso donde se ofrece al trabajador el sorteo\nde un abogado patrocinante si no lo posee, el art 36 resol 298\/17 dice \u201c\u2026Frente a la carencia de patrocinio\nletrado, a efectos de asegurar la asistencia letrada del damnificado en\nresguardo de la garant\u00eda del debido proceso, esta Superintendencia de Riesgos\ndel Trabajo instrumentar\u00e1 las medidas necesarias a los efectos de proveer al\ndamnificado, sin dilaciones, el patrocinio letrado en forma gratuita\u2026\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n A esta continua la resoluci\u00f3n 319 \/ 2017 que establece ART\u00cdCULO 1\u00b0 \u2014 Fac\u00faltase a la Gerencia General para que de manera excepcional\ny transitoria, previo al funcionamiento de un Cuerpo de Patrocinio Gratuito,\ndetermine los abogados, que ejercer\u00e1n en aquellos casos que requieran los\ndamnificados o derechohabientes, seg\u00fan corresponda, el patrocinio letrado en\nlos procedimientos instituidos por la Resoluci\u00f3n de esta SUPERINTENDENCIA DE\nRIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N\u00b0 298 de fecha 23 de febrero de 2017. ART\u00cdCULO 2\u00b0\n\u2014 Instr\u00fayase a la Gerencia General para que establezca el procedimiento para\ndesinsacular del listado, eI abogado asignado en el caso al patrocinio letrado\ndel damnificado o sus derechohabientes. ART\u00cdCULO 3\u00b0 \u2014 A los fines de integrar\nel listado de abogados deber\u00e1 requerirse a los letrados la presentaci\u00f3n de la\ncredencial vigente que habilite para el ejercicio profesional en la\njurisdicci\u00f3n respectiva, o la credencial de orden federal que ser\u00e1 v\u00e1lida para\ncualquier jurisdicci\u00f3n. Asimismo, deber\u00e1n denunciar el pertinente domicilio\nelectr\u00f3nico\u2026.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Viendo lo escueto de esta resoluci\u00f3n, y que en la pr\u00e1ctica no funciona\ncorrectamente el patrocinio jur\u00eddico gratuito de SRT, puesto a que no hay\ncontralor alguno, creo firmemente la necesidad de la intervenci\u00f3n de los\ncolegios de abogados departamentales y provinciales para que en conjunto con la\nSRT trabajen en la conformaci\u00f3n de un sistema ecu\u00e1nime, que ante los\ntrabajadores que no posean un abogado particular no est\u00e9n expuestos a un\nsistema que a priori no da garant\u00edas de transparencia ni equidad.<\/p>\n\n\n\n IX<\/p>\n\n\n\n Dice el art\u00edculo 7 de la resol 298\/17 \u201cLas\npartes ofrecer\u00e1n la prueba de la que intenten valerse en su primera\npresentaci\u00f3n o hasta el momento de la audiencia m\u00e9dica. Podr\u00e1 rechazarse la prueba ofrecida que se\nconsidere manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria. En las resoluciones no se tendr\u00e1 el deber de\nexpresar la valoraci\u00f3n de toda la prueba producida, sino \u00fanicamente de las que\nfueren esenciales y decisivas para la resoluci\u00f3n. La Comisi\u00f3n M\u00e9dica, de oficio, podr\u00e1 disponer\nla producci\u00f3n de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren\nconducentes para resolver.<\/em> Las\npartes podr\u00e1n designar peritos m\u00e9dicos de parte para participar en la\naudiencia. Los honorarios que \u00e9stos irroguen estar\u00e1n a cargo de los proponentes\nEstos profesionales tendr\u00e1n derecho a ser o\u00eddos por la Comisi\u00f3n M\u00e9dica,\npresentar los estudios y diagn\u00f3sticos realizados a su costa, antecedentes e\ninformes; una s\u00edntesis de sus dichos ser\u00e1 volcada en las actas que se labren,\nlas que deber\u00e1n ser suscriptas por ellos, haci\u00e9ndose responsables de sus dichos\ny opiniones, pero no podr\u00e1n plantear incidencias en la tramitaci\u00f3n de los\nexpedientes.\u2026\u201d <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n En la etapa de prueba, es donde encuentro mayores dificultades y\ndeficiencias de la aplicaci\u00f3n del principio del \u201cdebido proceso\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Antes de analizar el art\u00edculo y en estricta relaci\u00f3n con el t\u00edtulo del\nensayo, vamos a definirlo: \u201c\u2026El debido\nproceso legal es una garant\u00eda irrenunciable de la que gozan todas las personas,\nque al establecer l\u00edmites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos\n\u00f3rganos estatales frente a los individuos, representa la protecci\u00f3n m\u00e1s\nfundamental para el respeto de sus derechos\u2026\u201d[8]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n Es importante tambi\u00e9n entender que para\npoder afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta garant\u00eda que\ndenominamos debido proceso legal, tiene que cumplir el requisito indispensable\nde otorgarle al individuo la oportunidad suficiente de participar con utilidad\nen dicho proceso.[9]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n Esto significa que el debido proceso legal no queda satisfecho por el\ncumplimiento de meros formalismos exigidos por el derecho de defensa, sino que\nsu utilidad, tiene la misma importancia que aqu\u00e9l.<\/p>\n\n\n\n Por ultimo cabe preguntarse si este es un instituto solo aplicable al\nproceso judicial, <\/p>\n\n\n\n Entendemos que el art\u00edculo 8[10]<\/a>\nde la convenci\u00f3n americana de derechos humanos <\/p>\n\n\n\n Debe ser interpretada en un sentido amplio, y abarcar todos los poderes del\nestado.<\/p>\n\n\n\n Volviendo al procedimiento probatorio en comisiones m\u00e9dicas y en relaci\u00f3n a\nlo \u201cut supra\u201d expuesto podemos decir que es en este momento del proceso donde\ndeber\u00eda mejorarse el ejercicio de los derechos del trabajador.<\/p>\n\n\n\n Los peritos m\u00e9dicos de parte, en la pr\u00e1ctica y en ocasi\u00f3n de acudir a la\naudiencia de examen m\u00e9dico, resultan fundamentales como contralor de la\nrevisi\u00f3n practicada al trabajador, momento en que el letrado patrocinante no\npuede presenciar dicha revisaci\u00f3n y donde no hay forma de controlar el examen\npracticado.<\/p>\n\n\n\n Dicho examen consta en oportunidades de mediciones, de pruebas f\u00edsicas y\notros diversos modos de diagn\u00f3stico m\u00e9dico, que en conjunto con los estudios\nm\u00e9dicos permiten al profesional determinar las patolog\u00edas, su nexo causal con\nla contingencia denunciada y determinar finalmente las secuelas incapacitantes\ny el car\u00e1cter de las mismas.<\/p>\n\n\n\n Deber\u00eda ser obligatorio el perito m\u00e9dico de parte, y sus honorarios\ndeber\u00edan ser soportados en todos los casos por parte de la aseguradora en tanto\nhaya o no haya incapacidad. Creo que es un punto a mejorar, puesto que es\nfundamental la exacta determinaci\u00f3n de la incapacidad y la correcta evaluaci\u00f3n\ndel trabajador porque de ello depende la reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, en la pr\u00e1ctica hay una marcada resistencia en los m\u00e9dicos\npertenecientes a las comisiones a labrar actas y darle lugar a una correcta\nparticipaci\u00f3n del criterio profesional del m\u00e9dico perito de parte. <\/p>\n\n\n\n Reitero es un punto de vital importancia a mejorar, porque es el momento\ndonde se examina y sobre el cual se aplican las t\u00e9cnicas utilizadas para\ndeterminar la incapacidad sobreviniente.<\/p>\n\n\n\n Pero la prueba ofrecida generalmente no se agota en el informe m\u00e9dico de\nparte, o en la audiencia de examen m\u00e9dico.<\/p>\n\n\n\n Sino tambi\u00e9n en numerosas ocasiones y dependiendo del tipo de contingencia,\nse ofrece prueba testimonial para probar por ejemplo, salarios defectuosamente\nregistrados, la exposici\u00f3n a agentes de riesgo, entre otros. Prueba que no se\nproduce incidiendo de manera terminante en el proceso.<\/p>\n\n\n\n Es por eso que creo que se debe avanzar en mejorar esta etapa del proceso,\nla cual es fundamental para el futuro del objeto del procedimiento.<\/p>\n\n\n\n X<\/p>\n\n\n\n Por otro lado y por \u00faltimo, creo que el procedimiento de homologaci\u00f3n debe\nmejorarse. <\/p>\n\n\n\n En primer lugar es el primer contacto durante todo el proceso con agente de\ndicho servicio, el cual es abogado, pero que solo se expide sobre el porcentaje\nde incapacidad y el monto de la indemnizaci\u00f3n para los casos en que hay\nincapacidad.<\/p>\n\n\n\n Obviamente nunca tendremos contacto con \u00e9l, si la SRT determina que no hay\nincapacidad o si resulta que el alta estuvo bien otorgada por la ART, o si no\nestamos frente a una enfermedad profesional listada o no.<\/p>\n\n\n\n Me refiero con estos dichos, a que el \u00fanico momento en que tenemos contacto\ncon un abogado en el proceso y esto es una cuesti\u00f3n no menor.<\/p>\n\n\n\n MI propuesta final tiene que ver esencialmente con esto, estamos ante un\nprocedimiento de corte administrativo que carece de lo beneficioso del \u201cabogar\u201d <\/em>entendiendo esto no solo como\nsimplemente litigar <\/em>sino tambi\u00e9n como proponer, negociar, innovar, crear<\/em> y\ntodas aquellas caracter\u00edsticas que tiene el \u201cabogado\u201d y que permiten\ndiariamente la resoluci\u00f3n de conflictos. \u00bfO acaso una contingencia de estos\ncaracteres no representa un conflicto para el trabajador? <\/em><\/p>\n\n\n\n Creo firmemente que debemos trabajar por un proceso m\u00e1s creativo, que\nrespete el esp\u00edritu de la justa\ncomposici\u00f3n de derechos e intereses del art\u00edculo 15 LCT<\/strong>, que no debe\nser ajeno a los objetivos del ente administrativo.<\/p>\n\n\n\n Creo que si se lograse esto, lograr\u00edamos mermar la \u201clitigiosidad\u201d de una\nmanera m\u00e1s equitativa, puesto que la sensaci\u00f3n es que hoy se homologan los\nacuerdos por necesidad y no por conveniencia.<\/p>\n\n\n\n Necesitamos un procedimiento m\u00e1s justo, m\u00e1s din\u00e1mico, y para ello\nnecesitamos la participaci\u00f3n de \u201cabogados\u201d en el mismo.<\/p>\n\n\n\n Finalmente propongo a cada uno, hacer una breve reflexi\u00f3n sobre lo\nexpuesto, ya que un sistema no puede ser construido sin las diferentes partes\ndel mismo, y todos como parte debemos pugnar por un constante mejoramiento del\nsistema legal vigente.<\/p>\n\n\n\n OSAMBELA JUAN CRUZ.<\/p>\n\n\n\n DNI 30.963.556<\/p>\n\n\n\n T\u00ba X F\u00ba 202 CALM [1]<\/a> JOS\u00c9 MAR\u00cdA BA\u00d1OS 1998\nREVISTA VERBA IUSTITIAE. REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MORON. Nro. 5,\np\u00e1g. 73 UNIVERSIDAD DE MORON.<\/p>\n\n\n\n [2]<\/a> Ley 24.557, art 21\u00ba inc. 2<\/p>\n\n\n\n [3]<\/a> \u201cCastillo, \u00c1ngel c\/ Cer\u00e1mica Alberdi S.A.\u201d<\/p>\n\n\n\n [4]<\/a> \u201cVenialgo, Inocencio c\/ Mapfre Aconcagua ART\u201d<\/p>\n\n\n\n [5]<\/a> \u201cMarchetti, N\u00e9stor c\/ La Caja ART\u201d<\/p>\n\n\n\n [6]<\/a> Burghi, Florencia Victoria c\/ Swiss Medical ART S.A. s\/ Accidente –\nley especial<\/p>\n\n\n\n [7]<\/a> \u201dLlosco, Ra\u00fal c\/ Irmi S.A.\u201d<\/p>\n\n\n\n [8]<\/a> FEDERICO GAST\u00d3N THEA2009La Ley, Suplemento Administrativo (Junio\n2009), p. 11.<\/p>\n\n\n\n [9]<\/a> BIDART CAMPOS, Germ\u00e1n, Manual de la Constituci\u00f3n reformada, t. II,\nBuenos Aires, Ediar, 1996, p. 327.<\/p>\n\n\n\n
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